La Ley de Vivienda acordada por el Gobierno de coalición ha enfurecido, preocupado y alertado al sector inmobiliario en bloque. La futura norma contempla subir hasta un 150% el IBI de las viviendas vacías, obliga a destinar el 30% de las promociones nuevas a vivienda protegida, y, entre otras cosas, regula el precio de los alquileres en las zonas tensionadas.


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