Airbnb, en la mira de la Justicia brasileña

Mientras avanza su regulación en prácticamente toda la región, Airbnb enfrenta un difícil proceso judicial en Brasil. Allí, la Justicia debe determinar si es legal que un consorcio le prohíba a un propietario poner su inmueble en alquiler a través de esta plataforma. En El Calafate siguen sin control los anuncios.

Las plataformas digitales de alquileres turísticos, entre las que se destaca Airbnb, están en pleno proceso de regulación en la región. Los pasos más certeros los están dando Uruguay, Colombia, Argentina, México y Chile, cada uno con sus particularidades. Pero en Brasil la lucha contra estas llamadas “economías colaborativas” (por sus defensores) o “intermediarios de alojamientos informales” (por sus detractores) se judicializó.

En ese país, donde Airbnb cuenta con más de 250.000 anuncios y unos 3,7 millones de huéspedes por año, un grupo de vecinos de Porto Alegre presentó una demanda que está poniendo en jaque a la empresa, la cual desembarcó en 2012.

Aunque momentáneamente el proceso fue aplazado y la decisión sigue en el aire, pareciera beneficiar en principio a la plataforma. El instructor del caso en el STJ, Luis Felipe Salomão, consideró que la prohibición de alquiler de inmuebles o habitaciones a través de ese tipo de aplicaciones “confronta con el derecho de propiedad garantizado en la Constitución”.

A la espera de que concluya el juicio, AirBnb mantiene varios frentes abiertos y cuenta con la oposición frontal del sector hotelero, que se ha visto amenazada por el éxito de la plataforma, a la que acusa de competencia desleal. De acuerdo con la Asociación Nacional de Hoteles (ABIH), “Brasil perdió divisas, decenas de negocios hoteleros legalizados fueron cerrados y centenas de colaboradores fueron despedidos por desequilibrios causados por la falta de reglamentación, fiscalización y tributación”.

En ese sentido, el presidente de ABIH, Manoel Linhares, le dijo a la agencia Efe que, como resultado de esa disparidad, "en términos de recaudación tributaria, esas empresas -que son ilegales por no existir legislación específica-, impiden recaudar centenares de millones de reales para las arcas públicas”.

Sin embargo, Airbnb difiere y asegura que el alquiler por temporada en Brasil “está expresamente autorizado por la Ley del Inquilinato” y, por tanto, “regulada, independientemente de si la transacción ha sido hecha directamente por los propietarios, por inmobiliarias o vía plataformas”. "Esa modalidad no configura actividad comercial hotelera, que es regulada por la Ley General del Turismo y envuelve esencialmente la prestación de servicios y otras actividades", señala la plataforma en un comunicado.

De acuerdo con los datos de la plataforma, los usuarios generaron una actividad económica de unos US$ 1.878 millones el año pasado en Brasil, considerando toda la cadena, desde restaurantes hasta compras en el comercio local.