Esta mañana hemos analizado algunas de las medidas que ayer anunció el gobierno central para frenar la escalada del precio de la luz. Tal y como nos ha explicado Marisa Castro, desde Ekologistak Martxan, bajar el precio mediante la bajada de impuestos a la energía puede ser una trampa. Para la activista, si bajan esos impuestos, esto repercutiría en menos fondos públicos, por lo que "terminaríamos pagando todas".

Con Marisa hemos repasado ésta y algunas de las demás medidas anunciadas ayer, así como la respuesta contundente por parte de las eléctricas.  Tal y como denuncian desde su organización, consideran que "la subida del precio en la tarifa de la luz está marcando récords históricos día tras día. El poder de las grandes empresas eléctricas, junto con la inacción del gobierno del Estado está condenando a millones de personas a la más absoluta pobreza energética."

Por ello, han convocado a toda la ciudadanía a la concentración que se desarrollará mañana, 16 de septiembre, jueves, a las 19.00 en la Plaza Euskadi de Bilbao.

Un decreto para frenar la subida de la luz
El Real Decreto-ley para rebajar el precio de la factura de la luz que aprobó ayer el Gobierno ha entrado hoy en vigor, tras publicarse este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La norma obligará a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan, un importe que el Ejecutivo estima en 2.600 millones de euros.

La minoración de los denominados 'beneficios caídos del cuelo' no será permanente, sino que solo se mantendrá hasta marzo de 2022, momento en el que el Gobierno espera que concluya el actual 'rally' en el precio del gas. Así, el Ejecutivo incide en que se trata de una medida temporal y extraordinaria para amortiguar una situación "excepcional y sin precedentes".

No obstante, el texto limita el efecto que esta medida tendrá en las comercializadoras, ya que solo tendrán en cuenta los beneficios por encima de los 20 euros/MWh --que es el precio medio del gas en los últimos años-- y solo se detraerá el 90% de los ingresos extraordinarios.

Durante estos seis meses, el sistema calculará cuál es el importe que el resto de energías más baratas asumen de la energía más cara, es decir, del gas, y las compañías eléctricas lo tendrán que devolver a un fondo gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo encargado de trasladar este recurso financiero adicional a la factura de la luz para reducir cargos.