Prisión Preventiva Oficiosa y Explosión en Beirut

Prisión Preventiva Oficiosa

El pasado 30 de julio de 2020, el Senado de la República aprobó con 53 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones la modificación del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes para ampliar el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Esta legislación responde a la reforma del artículo 19 constitucional que se llevó a cabo en abril del año pasado, en donde se añadieron 10 delitos a dicho catálogo. Dicha reforma, en su segundo transitorio dictaba que se debían realizar las adecuaciones normativas necesarias al Código Nacional de Procedimientos Penales dentro de 90 días.

Así pues, a más de 15 meses después, el Senado realizó dichas modificaciones. Agregando además 4 delitos más al considerarlos como graves y meritorios de prisión preventiva. Estos son: delitos violentos cometidos con “armas replica” y no funcionales (armas de juguete), la portación de armas de uso exclusivo del ejército, los ilícitos cometidos en contra de las vías generales de comunicación y medios de transporte, así como la captura ilegal de la totoaba.

La reforma al artículo 19 así como la modificación al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un retroceso para México en materia de derechos humanos que viola el principio de no regresión y de progresividad. Asimismo, es un contrasentido a la reforma al sistema de justicia penal y viola el principio de presunción de inocencia. Además, la modificación realizada la semana pasada es inconstitucional, pues añade más delitos de los que se establecen en la Constitución.

Esta decisión es una violación descarada al principio de presunción de inocencia. Es decir, una garantía que todo imputado tiene de ser considerado como inocente hasta que se demuestre lo contrario. Este principio fue añadido en nuestra Constitución y en el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales con la Reforma Penal que se realizó en el 2008 y 2011. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a repetido múltiples veces que toda persona sometida a proceso penal debe ser juzgada en libertad y que es sólo por vía de excepción que se puede privar al procesado de la libertad y entonces que la medida cautelar de prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla.

La instauración de la prisión preventiva oficiosa a otros delitos es una situación alarmante porque ésta es una figura permitida por el derecho internacional pero siempre y cuando sea determinada su pertinencia por la autoridad judicial de manera individualizada. Entonces el problema surge cuando la prisión preventiva oficiosa comienza a ser un recurso generalizado y sin una correcta justificación de uso.

De hecho, México está comprometido internacionalmente por el principio de progresividad a que todas las medidas tanto políticas, como legislativas y judiciales proporcionen siempre un mayor alcance al derecho reconocido. Es decir, está comprometido a que no se adopten medidas regresivas, que son aquellas que directa o indirectamente acarrean un retroceso en el goce de los derechos humanos; y en el caso discutido se está afectando el derecho a la presunción de inocencia que implica que toda persona acusada de un delito debe considerarse inocente hasta que se demuestre lo contrario y haya una sentencia condenatoria o absolutoria y el derecho a un debido proceso.

Es indiscutible que hay una deficiencia sistémica, que existen altísimos niveles de impunidad y un grave contexto de violencia y criminalidad en México, sin embargo, la solución no se encuentra en la promoción del populismo punitivo que consiste en el uso desproporcionado de la prisión preventiva o en el aumento de penas. De hecho, esto llevaría a un mayor número de personas privadas de la libertad sin haber recibido condena, lo que agravaría los problemas de sobrepoblación y hacinamiento en los centros penitenciarios vulnerando otros derechos humanos.

El martes 4 de agosto en el puerto de Beirut se detonó una explosión que ha dejado 6,000 heridos y más de 150 muertos. Por lo que sabemos esta explosión fue provocada por un incendio en un almacén del puerto de Beirut donde había almacenadas 2 mil 700 toneladas de nitrato de amonio desde hace seis años.

Este trágico accidente vino a mostrar al mundo la disfuncionalidad del gobierno libanés y fue la gota que derramó el vaso para la sociedad libanesa.

Este evento se suma a un alarmante historial de problemas que ya existían en dicho país y que muestran factores considerados de riesgo para la comisión de atrocidades por académicos y expertos en la materia.

Entre dichos factores se encuentra la gobernanza. En el caso del Líbano existe un déficit de legitimidad del estado derivado de altos niveles de corrupción que se evidencian en la negligencia señalada en este evento. Un dato que nos permite imaginar la situación política en Líbano es que este país ocupa el puesto 137 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2019. Muchos ciudadanos libaneses acusan a la élite política dominante de acumular riqueza. Por otra parte, hay una falta de cobertura de servicios básicos a su población, suceden cortes de energía diarios, hay falta de agua potable, existe una atención médica pública limitada que con la pandemia se agrava y con la explosión más por la llegada de heridos a los hospitales.

El año pasado Líbano estuvo hundido en desgracias, y en octubre comenzaron una serie de protestas masivas que alzaban la voz por el desempleo, el hambre, la pobreza, entre otras cosas, debido a una grave crisis financiera. La pandemia vino a poner pausa a todas las movilizaciones sociales. Pero cuando sucede la explosión en Beirut el descontento se reaviva, pero con más fuerza y hartazgo.

El sábado pasado hubo protestas masivas y violentas, donde la policía respondió con gases lacrimógenos. En medio de estas protestas un policía murió y hubo al menos 170 heridos.

En medio de esta crisis el primer ministro de Líbano anunció la dimisión de todo su gobierno, después de que el fin de semana 4 miembros de su gobierno ya habían dimitido. El Primer Ministro habló de la existencia establecimiento político corrupto responsable de las tragedias en Líbano.

Con esta dimisión, las ONG y la población en general está pidiendo un verdadero gobierno de transición y un cambio de sistema. Desde el final de la guerra civil se fijo que los asientos del Parlamento se dividrían equitativamente entre los diferentes grupos religiosos: cristianos y musulmanes chiítas y sunitas. Este sistema trajo estabilidad al país; sin embargo, la sociedad civil hoy está exigiendo que se cambie el sistema ya que profundiza la corrupción. En cambio están pidiendo que los asientos parlamentarios los tengan las personas mejor preparadas para el puesto.

Tendremos que estar atentos a lo que sucede en Líbano en los siguientes meses.